El Senado aprobó esta noche, por 55 votos positivos y ninguno en contra, el proyecto que contempla que todo individuo "tiene derecho al reconocimiento de su identidad de género, tal como cada persona la siente", corresponda o no con "el sexo asignado al momento del nacimiento".

En un rápido debate de apenas tres horas, con 25 oradores, la cámara alta convirtió en ley la iniciativa, que ya contaba con la aprobación de Diputados, y lo hizo con la sola abstención de la justicialista chubutense Graciela Di Perna.

Otros dos legisladores, la porteña de la Coalición Cívica, María Eugenia Estenssoro y el salteño Juan Agustín Pérez Alsina, pidieron abstenerse en algunos artículos en particular, aunque respaldaron la norma en general.

El presidente del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, afirmó que “el Congreso ha estado a la altura y la responsabilidad de igualar derecho y de dar pasos para ser feliz a la gente”.

Argumentó que se trata de “una norma reparadora, de la misma manera que lo fue la ley de matrimonio igualitario” y afirmó que con la ley “vamos mejorando como sociedad, porque nos permite ser un poco mejores y reconocer el derecho de cada uno a hacer con su cuerpo lo que quiera”.

Por su parte, el presidente de la bancada radical, Luis Naidenoff, expresó que la ley forma parte de “importantes avances en el campo de la ampliación de derecho que favorecen a sectores que estaban discriminados” y opinó que “el Estado argentino da un gran paso en el reconocimiento de la dignidad implícita en los ciudadanos”.

El kirchnerista neuquino Marcelo Fuentes opinó que hoy “damos un paso importante en el reconocimiento de la identidad” y reclamó “a las instituciones religiosas la responsabilidad de ayudar en el reconocimiento de derechos. Sin embargo -dijo-, se ven presiones de todo tipo y hasta extorsión de medios religiosos que no actúan a favor del cambio. Estamos con dos 2.000 años de atraso”, alertó.

La justicialista salteña Sonia Escudero (Salta) apoyó el proyecto porque busca “reparar y restituir derechos a la comunidad trans en la Argentina” y dijo que este sector “tiene una esperanza de vida de tan sólo 35 años, donde más de 60 por ciento no terminó sus estudios primarios, y más de 90 se encuentra en situación de prostitución como consecuencia de la escasa preparación y el abandono temprano de la escuela”.

“La verdad es que las cifras nos muestran que 95% de estas personas –que se calculan son 22 mil en todo el país- están fuera del acceso a los derechos humanos fundamentales, lo que indica que el impacto económico es ínfimo, y en término de acceso a los derechos el impacto es enorme”.
Para el socialista Rubén Giustiniani, “es un paso sustantivo a favor de la inclusión y de la no discriminación” y que “se harán efectivos los derechos constitucionales a la identidad y la salud de las personas trans”.

“Establecer a partir de una ley la vía administrativa para la rectificación registral del sexo y cambio de nombre en los documentos de identidad, es el primer paso para empezar a revertir esta realidad de discriminación y violación constante de los derechos humanos por razón de identidad de género”, sostuvo Giustiniani. El fueguino Osvaldo López opinó que “esta ley permitirá a muchos tomar luz, salir de la oscuridad, aparecer, y mañana un grupo numeroso va a sentirse liberado de una carga importante en la mochila, y va a poder exigir, hacerse respetar y defenderse”.

Contra la tendencia general, la chubutense Di Perna aseveró que la norma “tiene grandes falencias” y va a “generar más problemas que soluciones a la sociedad argentina”.

Afirmó que rechazaba “la adulteración de un documento público como es la partida de nacimiento” y además vulnera la protección de los derechos de la infancia”.