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Absurda e incívica antirreligiosidad de la Junta de Castilla y León

Absurda e incívica antirreligiosidad de la Junta

Pablo López López. Doctor y Profesor de Filosofía.

No estamos aquí en nombre de unas siglas o en nombre de una asociación convocante. Estamos aquí no sólo como cristianos que reclaman un mínimo respeto a la libertad de culto, sino también como ciudadanos que ven atropellado uno de los derechos humanos y derechos constitucionales básicos. Los seres humanos somos algo más que un trozo de materia que preservar o una ganadería que estabular. Tenemos también un espíritu y un equilibrio psíquico que cuidar. Para ello, necesitamos el servicio esencial de la oración compartida presencialmente. No cabe enjaular toda la población en la mera virtualidad de las pantallas sin razón alguna. Algunos poderosos, nunca votados para atropellar arbitrariamente derechos básicos, menosprecian estas necesidades básicas. Tal vez ellos tienen demasiado descuidadas sus propias almas. El caso es que pretenden tratarnos como ganadería a la que imponer sus caprichosas, desquiciantes y pseudocientíficas restricciones.

La gravedad de la pandemia requiere medidas extraordinarias, que sean racionales, proporcionadas y respetuosas. Es clamorosamente irracional, dictatorial y sanitariamente inútil la imposición de la Junta castellana y leonesa de que en los cultos religiosos no haya más de veinticinco personas, obviando el tamaño del templo. ¿No les vale el meticuloso cuidado ya practicado en las comunidades religiosas y el sensato criterio de proporcionalidad? ¿Cómo puede regularse igual una catedral y una capilla? En cambio, en un bus urbano permiten hasta cincuenta y uno. Permiten el teatro con un tercio de aforo, pero con ese mismo aforo prohíben los cultos religiosos. Es absurdo, y revela que, por más que disimulen, les importa poco tomar medidas eficaces contra la pandemia. Con esto, la coalición gobernante en Castilla y León sólo exhibe interés en utilizarla para imponer su indisimulada agenda antirreligiosa y liberticida. Así, este gobierno pierde toda credibilidad. Son los únicos mandatarios autonómicos que cometen tal atropello. El resto de autonomías les ponen en evidencia. Sólo Melilla es aún peor.

Si salimos de ésta, no será por ellos, sino a pesar de ellos. Con el conjunto de sus medidas nuestra región autónoma es de las peores en incidencia pandémica, incluso en un país como España, que es de los peores gestionados del mundo.

Por tanto, reclamamos como ciudadanos, ya muy castigados por la pandemia y por la pésima gestión, que se recobre un mínimo de sensatez, de modo que se retome el criterio de proporcionalidad en función del tamaño del templo y del número de personas que puede albergar. Si el poder ejecutivo no atiende a razones, esperamos que el Tribunal Supremo actúe con diligencia, conforme a Derecho y conforme a la sensatez, que no puede faltar a todo juez justo. Si no nos protege de tanta arbitrariedad liberticida, la desafección ciudadana hacia la clase política gobernante se extenderá al poder judicial, sometido al primero. En todo caso, los ciudadanos seguiremos luchando por la democracia, la Constitución Española, y los derechos humanos. Como cristianos, intensificaremos la oración personal y pública y el testimonio de que una sociedad opuesta a Dios queda radicalmente deshumanizada.