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La bolsa también es la vida

Ignacio Aréchaga. Director de Aceprensa.

El sónar, 14 de mayo de 2020.


La indefensión ante el coronavirus nos ha dejado tan asustados que todo riesgo parece insoportable. Muchos gobiernos, incluido el español, optan por las medidas de seguridad más restrictivas, y plantean una desescalada a paso de anciano, con recurso de marcha atrás. Los asesores científicos –como cabe esperar– optan por el principio de máxima precaución, guiados por la idea de “doblegar la curva” y evitar un repunte a toda costa. Entre la clase política, el mayor criterio de respetabilidad es asegurar que uno pone por encima de todo la salud de los ciudadanos, faltaría más.

En este clima, cualquier propuesta de abandonar el confinamiento para volver al trabajo despierta rechazos indignados por parte de los que se sienten seguros tras los muros de su casa. Para ellos, esto sería poner la economía por encima de las vidas de las personas. Reanudar la actividad económica “demasiado pronto” equivaldría a correr nuevos riesgos de contagio. Sería un craso materialismo, un afán de negocio, que jugaría con la salud de los trabajadores.

Hasta ahora en los conflictos laborales conocíamos la huelga y el cierre patronal; pero ahora experimentamos un “cierre estatal”, defendido activamente por piquetes informativos en las redes.

Pero la disyuntiva entre salvar vidas y reactivar la economía es falsa. Es la economía la que produce la riqueza que permite financiar la sanidad, la enseñanza, las prestaciones sociales, y mantener así una vida digna. Ningún Estado Providencia es sostenible sin trabajo y sin aumento de la productividad. Tampoco se financia solo con impuestos a los ricos, que nunca serán suficientes, sino que exige la contribución de todos. Y una economía en hibernación prolongada es incompatible con el mantenimiento del nivel de vida al que estamos acostumbrados.

Sin duda, cualquier gobierno tiene que encontrar un punto de equilibrio entre evitar riesgos innecesarios y permitir los razonables para mantener la economía a flote. Pero no hay que plantear una alternativa entre “la bolsa o la vida”. Más bien habrá que ver qué personas y en qué situaciones pueden volver al trabajo, lo que es indispensable en todo tipo de normalidad, nueva o vieja.

El Covid-19 no es la peste negra ni la “gripe española” de comienzos del siglo XX. En España, ha habido un gran pico de muertes en poco tiempo y algunos hospitales han estado cerca del punto de saturación, pero lo peor ha pasado. La gran mayoría de los infectados se ha recuperado, el 60% sin requerir hospitalización. Los curados son cinco veces más que los fallecidos. Entre los muertos, el 83% de los hombres y el 90% de las mujeres tenían más de 70 años, personas que no se habrán contagiado por ir al trabajo. Solo el 1,6% de las muertes corresponden a personas de menos de 50 años y en muchos casos tenían patologías previas. Así que puede plantearse qué sentido tiene que muchos trabajadores perfectamente sanos de menos de 50 años permanezcan todavía confinados en casa.

La paralización de la actividad económica está afectando ya a las vidas de millones de personas. En marzo y abril el paro registrado ha subido en 600.000 personas, lo que deja la cifra total en 3,89 millones de desempleados. A estos hay que añadir 3,4 millones afectados por los expedientes de regulación temporal de empleo y los 1,4 millones de trabajadores autónomos con prestación por cese de actividad. Otro colectivo pendiente de recibir una renta del Estado es el millón de hogares cuya situación de pobreza les hace candidatos al nuevo ingreso mínimo vital. Así que, además de los funcionarios y de los pensionistas, cada vez más personas van a recibir sus ingresos del Estado.

Es muy razonable, tanto desde el punto de vista social como económico, que el gobierno haya previsto ayudas para los grupos que han visto caer sus ingresos por el confinamiento. Pero para hacer frente a estos costes, el Estado se va a encontrar con las arcas muy disminuidas. El propio gobierno calcula una caída del PIB del 9,2% este año, un déficit público del 10,3% y una subida de la deuda pública hasta el 115% del PIB.

Si el Covid-19 se ha ensañado con los mayores, sus consecuencias económicas van a recaer más sobre los jóvenes y los menos cualificados. La mitad del empleo ya perdido afecta a los menores de 35 años, y el declive de la actividad económica se va a notar más en el turismo y la hostelería, que hacen un uso intensivo de mano de obra.

La combinación de estos factores augura que la inseguridad económica va a afectar a más gente que la pandemia, y que las víctimas del descalabro del PIB van a superar a las del coronavirus. Siempre cabe esperar que la UE eche una mano, y que el Banco Central Europeo siga comprando nuestra deuda. Pero la experiencia indica que en la UE el pedigüeño siempre es mal visto, y es probable que la ayuda llegue más en forma de créditos a devolver que en subvenciones a fondo perdido.

La urgencia de la vuelta al trabajo no se ve igual si uno recibe la paga del Estado que si es un librero o el propietario de una boutique que tiene que hacer caja. Igualmente, el que puede teletrabajar desde casa se siente más seguro que el que debe salir a la calle para ganarse la vida. Pero muchos de los que más van a perder no tienen ni la capacitación ni la tecnología que les permitirían trabajar desde casa o reciclarse en un nuevo empleo. A fin de cuentas, la bolsa es la vida.