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ARGENTINA: ¿Nuevos “Escuadrones de la Muerte” en el 2018?

Como se publicó en estas mismas páginas, el 8/9 de agosto fue rechazado en la Cámara de Senadores argentina el proyecto de ley que pretendía legalizar el aborto en Argentina. Este proyecto, un verdadero mamarracho político, contó con el respaldo de buena parte del oficialismo gobernante y de la oposición progresista, en una auténtica demostración de concubinato político, dado que la pena de muerte para los niños por nacer fue la “bandera” que hizo posible esa unión de hecho entre ambas posturas políticas, absolutamente enfrentadas en el resto de los temas políticos, sociales y económicos.

Ese rechazo constituyó una derrota de primera magnitud para los partidarios vernáculos del holocausto demográfico (san Juan Pablo II dixit), que contaron con un millonario apoyo en subvenciones financieras por parte de las grandes multinacionales abortistas, como la International Planned Parenthood Federation, la Ford Foundation, el Population Council (familia Rockefeller), las Open Society Foundations (George Soros), la Embajada Británica en Buenos Aires, etc.

A pesar de esa derrota catastrófica, las fuerzas abortistas pretenden imponer de hecho la práctica del aborto como ejercicio médico, amparada en la interpretación jurídica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, según la cual está “autorizado” el aborto en casos de peligro para la salud de la madre (peligro en sentido amplio, sin matices), cuando es inviable la existencia extra uterina del feto y en casos de embarazo por violación. En este último caso, el supremo tribunal de justicia argentino legalizó de hecho la pena de muerte en Argentina, desde el año 2012, ya que una mujer puede acudir a un hospital (público o privado), firmar una simple declaración jurada en la que afirme que el bebé gestado que lleva en su seno es fruto de una violación, sin haber hecho antes denuncia policial o judicial, después de lo cual los médicos presentes en la institución están obligados a realizar el aborto.

En este último caso, una mujer puede decidir la muerte de su hijo por nacer, sin presentar prueba alguna. Se trata, en realidad, de la aplicación de la pena de muerte para un ser humano, sin motivo alguno que lo justifique, excepto el simple deseo de rechazo de la mujer.

El problema es que ésta es la figura legal a la que recurren padres que quieren hacer abortar a sus hijas y médicos partidarios de esta práctica aberrante, sin que haya habido violación alguna. En estos últimos años ha habido muchos casos que se decidió llevar a cabo un aborto, con la excusa de ser el embarazo en curso producto de una violación inventada.

Así ocurrió hace unos días en la provincia de San Juan, donde se informó inicialmente que una adolescente de 14 años que, según se dijo, sufría de discapacidad, había sido violada en reiteradas oportunidades y había quedado embarazada. Por este motivo, los padres de la menor la llevaron al Hospital Rawson de la ciudad capital, donde se le practicó un aborto, porque el caso estaba enmarcado en los causales de inimputabilidad, según la mencionada interpretación jurídica antes mencionada. Pero los médicos que atendieron a la víctima supuestamente violada sostenían que iban a realizar un legrado, para extirparle el feto, aduciendo que éste último estaba sin vida.

Ante esta información, uno de los médicos de guardia y ginecólogo, el doctor Federico Antequeda, con el permiso de la madre le realizó una ecografía a la adolescente y constató que el feto estaba en perfecto estado de salud.

Al tomar conocimiento que se estaba intentando llevar a cabo el asesinato del bebé por nacer, en forma encubierta y disimulada, un grupo de militantes pro-vida se hizo presente en el lugar, acompañando la intervenciones de un médico ginecólogo, el doctor Federico Bazán, y de la abogada Paola Miers, responsables del movimiento Pro-Vida en la provincia de San Juan, quienes lograron ingresar al hospital para hablar con la madre y la adolescente e impedir lo que ya se sabía iba a ser un asesinato.

Las autoridades del hospital recurrieron al uso de la fuerza pública para desalojar a quienes se oponían a la operación de aborto, y además montaron todo un escenario favorable para la práctica, especificando condiciones que no tenían nada que ver con la realidad: la adolescente no es discapacitada ni tampoco tiene ningún tipo de trastorno mental ni madurativo y no quería abortar, pero sí la madre. También querían practicar el aborto dos directoras del hospital, ignorando los diagnósticos de los médicos que desaconsejaban la práctica.

Lamentablemente, el aborto se llevó a cabo, no sólo con la complicidad de los “médicos” intervinientes, sino también de la justicia, ya que el juzgado y la fiscalía actuantes desestimaron de plano la denuncia previa presentada por la doctora Miers, sin siquiera considerarla, y la policía fue utilizada para desalojar a los médicos y enfermeras pro-vida, para ejecutar lo que sigue siendo un crimen para la legislación argentina.

No hay ninguna documentación en el hospital en la que conste la autorización de la madre ni de la adolescente para practicarle a ésta última un aborto, con el agravante que se “extravió” la historia clínica de ésta última.

A posteriori, los profesionales intervinientes a favor de la vida del bebé fueron desplazados de sus cargos y sumariados por las autoridades del hospital, y fueron ascendidos algunos de los profesionales abortistas que intervinieron en la maniobra.

El procedimiento abortista del hospital fue avalado por la ministro de Salud provincial, acompañando la complicidad e inacción judiciales.

Luego de serle practicado el aborto, la adolescente fue devuelta al ámbito familiar en el que se produjo la supuesta violación. El Estado, tanto el poder judicial como el poder ejecutivo, se desentendió en forma absoluta del destino posterior de la víctima abusada, al punto tal que se desconoce la identidad del violador.

Además, fueron denunciados ante la justicia y los medios de comunicación los profesionales médicos y abogados que intentaron salvar una vida humana -la del bebé gestado-, y proteger y amparar a la adolescente y sus derechos.

Este episodio constituye una clara muestra que luego del fracaso legislativo para legalizar el aborto, en Argentina se está tratando de imponer de hecho la pena de muerte para los niños por nacer, con ley o sin ley. Sin importar que para ello se utilicen métodos y procedimientos que, en su esencia, hacen recordar a los tristemente célebres escuadrones de la muerte, miembros de fuerzas parapoliciales o paramilitares que ajusticiaban a quienes consideraban enemigos del Estado. Vale la pena recordar que en algunos casos fueron detenidos, juzgados y condenados miembros de esas tenebrosas organizaciones

En el caso del aborto, los nuevos escuadrones de la muerte son “profesionales” universitarios que cuentan con el apoyo del Estado para promover el crimen, por encima y en contra de la ley que protege la vida humana. Milagros del imperialismo abortista y de las organizaciones seudo no-gubernamentales, como la IPPF o la Open Society Foundations, que avalan, apoyan y promueven este tipo de proceder, para beneficio de los dueños de las finanzas internacionales y promotores del Nuevo Orden Mundial.

José Arturo Quarracino
5 de setiembre de 2018