Todos los mayores de edad podrán ser movilizados en España en caso de crisis. Toda persona mayor de edad estará obligada a la realización de las “prestaciones personales” que exijan las autoridades competentes, siguiendo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional, cuando se declare en España un estado de crisis. En este supuesto, todos los ciudadanos sin excepción deberán cumplir las órdenes e instrucciones que impartan las autoridades.
Así lo establece la reforma de la Ley de Seguridad Nacional que prepara el Gobierno y que incorpora algunas de las lecciones aprendidas durante casi año y medio de crisis sanitaria. En el supuesto de que en España se declarase un estado de crisis (“situación de interés para la Seguridad Nacional” es la denominación que le da la ley), las autoridades también podrán proceder a la requisa temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades.
En estos momentos están pasando muchas cosas en España. Hay una nueva legislación que permite efectivamente el fin total de la democracia y de toda libertad en España y esto es sólo el principio. Toda persona mayor de edad estará obligada a realizar los "servicios personales" requeridos por el gobierno bajo las directrices del Consejo de Seguridad Nacional siempre que el gobierno declare el estado de crisis por cualquier motivo, incluido el sanitario. España está declarando así que todos los ciudadanos son de hecho esclavos del Estado sin derechos humanos. No debe haber ninguna excepción y todos DEBEN obedecer las órdenes e instrucciones del gobierno. Esta nueva ley de seguridad nacional establece:
En el caso de que se declare el estado de crisis en España ("situación de interés para la seguridad nacional" es la denominación que le da la ley), las autoridades también podrán proceder a la incautación temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades. En el caso de que se declare el estado de excepción en España ("situación de interés para la seguridad nacional" es el término que da la ley), las autoridades también podrán proceder a la incautación temporal de todo tipo de bienes, a la intervención u ocupación provisional de los que sean necesarios o a la suspensión de todo tipo de actividades.
Esto es tan vago que permitirá al gobierno embargar todas tus cuentas bancarias e incluso tu casa - ¡PERO! Quienes sufran pérdidas económicas por el embargo de sus bienes o la interrupción de sus actividades tendrán derecho a ser indemnizados. En sus primeros borradores, la ley excluye el pago de indemnizaciones a quienes están obligados a actuar personalmente.
Por lo tanto, cualquier crisis que declaren, que puede ser sanitaria, medioambiental, económica o financiera, estará cubierta, al igual que una invasión de Marte. Sin embargo, esta nueva obligación de entregar todos los bienes no se limita a los individuos. También se aplica a las empresas y personas jurídicas que deben cooperar con las autoridades para hacer frente a la crisis que determinen. Esto introduce otro nuevo riesgo al poseer cualquier acción española. Los políticos han encontrado astutamente una justificación para la eliminación de los derechos humanos contenida en el artículo 30 de la Constitución, que establece que "los españoles tienen el deber y el derecho de defender a España."
Además, el gobierno también puede introducir el servicio militar obligatorio, que ya fue suspendido en España en 2001. Para ello, invocan la sección 4ª, que establece que "por ley se podrán regular los deberes de los ciudadanos en caso de grave peligro, catástrofe o calamidad pública." Esta disposición constitucional ha permanecido inactiva hasta hoy. Deliberadamente no se formuló en una "ley orgánica", que es la única que puede tocar los derechos fundamentales. La crisis debe ser declarada por el jefe de Estado, no por los tribunales. La obligación de los medios de comunicación.
La nueva legislación también se refiere a los medios de comunicación. El proyecto prevé la obligación de los medios de comunicación de cooperar con las autoridades competentes en la difusión de información de carácter preventivo u operativo. En otras palabras, acaba con la libertad de prensa. La prensa se verá obligada a publicar sólo la opinión del gobierno.
Somos responsables..... ¿recuerdan cuando veíamos tanto en las noticias como en los puertos buques con banderas de conveniencia?....no nos importaba ¿verdad?, nosotros no estábamos en la mar ..... qué me importa...... El pasado de la gente de la mar es hoy su futuro....No hay estados solo empresas importantes .....
